Protección del Paciente y Negligencia Médica, de acuerdo con operadores de justicia de Ica, 2024

Abstract

De acuerdo con la presente investigación, el objetivo fue determinar la relación entre la protección del paciente y la negligencia médica, de acuerdo con operadores de Justicia de Ica, 2024. La metodología usada fue no experimental y relacional, en donde se aplicó el cuestionario con una muestra de 75 abogados. Los resultados indicaron que la protección del paciente presentó una asociación de 0.794 con la negligencia médica, evidenciando que la falta de precisión en los procedimientos genera fallas encadenadas que afectan directamente el entorno asistencial. A su vez, el derecho de acceso a la información mostró una relación de 0.712, al demostrar que la entrega deficiente de datos limita la capacidad de identificar irregularidades. Finalmente, el consentimiento informado alcanzó un coeficiente de 0.810, exponiendo su vínculo directo con la ejecución de prácticas no autorizadas debidamente. Se ha concluido que la existencia de vacíos en el manejo técnico, la comunicación inadecuada y la omisión de consentimiento pleno han reflejado una conexión consistente con acciones erradas dentro del ámbito evaluado. Esta tendencia reafirmó la necesidad de reforzar la estructura procedimental en todos sus niveles, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también el ejercicio pleno de las garantías que sustentan la actuación legítima frente a situaciones que implican riesgo. According to the present research, the objective was to determine the relationship between patient protection and medical negligence, according to operators of Justice of Ica, 2024. The methodology used was non-experimental and relational, where the questionnaire was applied with a sample of 75 lawyers. The results indicated that patient protection presented an association of 0.794 with medical negligence, evidencing that the lack of precision in procedures generates chained failures that directly affect the care environment. In turn, the right of access to information showed a ratio of 0.712, demonstrating that the deficient delivery of data limits the ability to identify irregularities. Finally, informed consent reached a coefficient of 0.810, exposing its direct link with the execution of duly unauthorized practices. It has been concluded that the existence of gaps in technical management, inadequate communication and the omission of full consent have reflected a consistent connection with erroneous actions within the evaluated area. This trend reaffirmed the need to strengthen the procedural structure at all levels, ensuring not only regulatory compliance, but also the full exercise of the guarantees that underpin legitimate action in situations involving risk.