Aplicación de la pena de muerte en el delito de violencia sexual de menores Ica, 2023

Abstract

El propósito general de la investigación fue determinar la viabilidad de aplicar la pena de muerte en casos de violencia sexual contra los menores en la región de Ica durante el año 2023. Para ello se usó la metodología de tipo básico-aplicado, con enfoque cuantitativo, diseño prospectivo y muestreo no probabilístico. Se encuestaron 402 personas, incluyendo 196 menores, previa autorización parental. Entre los hallazgos más relevantes, se evidenció una división de opiniones respecto a la pena de muerte: el 54 % expresó total desacuerdo y el 52 % estuvo de acuerdo. Asimismo, el 60 % consideró que el contexto social demanda sanciones drásticas, mientras que el 62 % afirmó que los derechos de los menores deben ser plenamente respetados. El 60 % opinó que existen argumentos válidos para su aplicación, aunque un 52 % se mostró neutral. El 64 % señaló que en épocas pasadas fue más efectiva, pero actualmente los derechos humanos limitan su implementación. Respecto a la violencia sexual, el 52 % declaró que no existe justicia efectiva para los menores víctimas; el 56 % y 42 % señalaron la necesidad de penas más severas y eficaces. El 60 % consideró urgente una reforma penal y otro 60 % estimó necesaria la pena de muerte para reducir estos delitos. Además, el 52 % opinó que la Policía Nacional opera con una estructura burocrática. Conclusión: La investigación identificó que múltiples actores sociales respaldan la aplicación de sanciones extremas como la pena capital, bajo el supuesto de que estas ejercerían un efecto disuasorio frente a delitos que constituyen atentados graves contra la dignidad humana.

The general purpose of the research was to determine the feasibility of applying the death penalty in cases of sexual violence against minors in the Ica region during 2023. A basic-applied methodology was used, with a quantitative approach, prospective design, and non-probability sampling. A total of 402 people were surveyed, including 196 minors, with prior parental authorization. Among the most relevant findings, a division of opinions regarding the death penalty was evident: 54% expressed complete disagreement and 52% agreed. Furthermore, 60% considered that the social context demands drastic sanctions, while 62% affirmed that the rights of minors must be fully respected. 60% believed there are valid arguments for its application, although 52% remained neutral. 64% indicated that it was more effective in the past, but human rights currently limit its implementation. Regarding sexual violence, 52% stated that there is no effective justice for child victims; 56% and 42% indicated the need for more severe and effective penalties. Sixty percent considered penal reform urgent, and another 60% believed the death penalty was necessary to reduce these crimes. Furthermore, 52% believed that the National Police operates with a bureaucratic structure. Conclusion: The study identified that various social actors support the application of extreme sanctions such as the death penalty, under the assumption that such measures would have a deterrent effect on crimes that constitute serious violations of human dignity.