Delitos ambientales y la responsabilidad civil de las empresas de beneficio de minerales de Nasca-2022

Abstract

Objetivo: Demostrar la relación existente entre los delitos ambientales y la responsabilidad civil de las empresas de beneficio de minerales de Nasca, año 2022. Metodología: Se desarrolló un estudio correlacional, longitudinal, en el que se recolectó la muestra de estudio mediante un muestreo no probabilístico intencionado con cuestionario a 80 encuestados de 17 plantas procesadoras de Nasca. Se midieron la magnitud de las variables delitos ambientales y la responsabilidad civil de las empresas de beneficio de minerales. Resultados: Los hallazgos evidencian que el 50% de los encuestados perciben una aplicación inadecuada de la normativa vigente sobre delitos ambientales (Ley N.° 28611 y Código Penal), mientras que solo el 12,5% considera su aplicación adecuada. En relación con la responsabilidad civil de las empresas de beneficio de minerales, tanto formales como informales, el 80% manifiesta que su cumplimiento es inadecuado, revelando una débil implementación de mecanismos de reparación ambiental y justicia ecológica. El 50 % de los encuestados considera deficiente la aplicación de la Ley General del Ambiente, mientras que solo el 25 % la percibe como adecuada. A su vez, el 87,50 % exige que las empresas formales asuman responsabilidad civil por daños ambientales, evidenciando una demanda por mayor eficacia en los mecanismos de reparación, los cuales son considerados inadecuados por el 12,50 %, reflejando deficiencias en la implementación normativa. Los hallazgos reflejan que el 75 % de los encuestados percibe un deficiente abordaje institucional frente a los delitos ambientales que afectan el paisaje natural. Además, el 87,50 % señala que las empresas informales de beneficio de minerales incumplen la normativa vigente, lo que revela una limitada capacidad estatal de regulación y fiscalización ambiental en este sector. Conclusión: Existe una relación estadísticamente significativa entre los delitos ambientales y la responsabilidad civil de estas empresas. Esta relación refleja un patrón estructural de afectación ambiental derivado de la actividad minera, sumado a una débil fiscalización, falta de voluntad política y deficiencia en la implementación del marco normativo vigente.

Objective: To demonstrate the relationship between environmental crimes and civil liability of mineral processing companies in Nasca, year 2022. Methodology: A correlational, longitudinal study was developed, in which the study sample was collected through a non-probabilistic purposive sampling with a questionnaire to 80 respondents from 17 processing plants in Nasca. The magnitude of the variable environmental crimes and civil liability of the mineral processing companies were measured. Results: The findings show that 50% of the respondents perceive inadequate enforcement of current regulations on environmental crimes (Law No. 28611 and the Penal Code), while only 12.5% consider them to be adequately enforced. Regarding the civil liability of both formal and informal mineral beneficiation companies, 80% state that their compliance is inadequate, revealing a weak implementation of environmental remediation and ecological justice mechanisms. Fifty percent of those surveyed consider the application of the General Environmental Law to be deficient, while only 25 % perceive it to be adequate. In turn, 87.50 % demand that formal companies assume civil liability for environmental damages, evidencing a demand for greater efficiency in reparation mechanisms, which are considered inadequate by 12.50 %, reflecting deficiencies in the implementation of regulations. The findings reflect that 75% of those surveyed perceive a deficient institutional approach to environmental crimes that affect the natural landscape. In addition, 87.50 % indicate that informal mineral beneficiation companies do not comply with current regulations, which reveals a limited state capacity for environmental regulation and control in this sector. Conclusion: There is a statistically significant relationship between environmental crimes and the civil liability of these companies. This relationship reflects a structural pattern of environmental damage derived from mining activity, coupled with weak oversight, lack of political will and deficiency in the implementation of the current regulatory framework.